Al principio, Alex de la Iglesia apoyaba la propuesta de regular los contenidos de la red, defendiendo ante todo, los derechos de autor. Pero la modificación a la ley resultó ser una abominación, algo que no gustó a nadie, despertando la ira de los internautas españoles.
Alex de la Iglesia no tuvo otro remedio que renunciar a la presidencia de la Academia de Cine Español, como medida de protesta cuando ya todo estaba perdido. Este es el resumen de una situación que se ha convertido en un melodrama seriado.
De la Iglesia informó de su dimisión luego de que el Partido Socialista y el Partido Popular llegaran a un acuerdo sobre la enmienda a la ley de Economía Sostenible (Ley Sinde) que recibe el nombre de la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde y abre la puerta al cierre de páginas denunciadas por descargas ilegales de contenidos (películas, series, música, en un principio).
El cineasta, que ha participado activamente en el debate sobre la normativa sobre descargas, calificó como un "desastre" el acuerdo sobre una norma "que no conviene a nadie", según explicó en su twitter.
"No voy a dejar de discutir, pero francamente, prefiero hacerlo como director, que como presidente. El debate continuará, pero en un lugar adecuado. Después de la gala (de los Goya), dimito como presidente. Seguiré siendo miembro de la Academia, discutiendo y metiendo la pata como siempre, pero como director de cine, que es lo mío" apuntó De la Iglesia.
El director de películas como "El día de la bestia", "La comunidad" o "Balada triste de trompeta" cree que lo ideal hubiera sido empezar de cero con la llamada Ley Sinde.
"Es una ley muy impopular. Enfrentar a creadores con la red es el mayor de los errores. Llevo meses intentando conseguir un consenso entre todos y no hemos sido escuchados por los políticos. Esta ley no es la solución".
Tras conocerse su decisión, afirmó que se marcha para no dañar a la institución, puesto que sus opiniones son a título personal y no como presidente.
La llamada Ley Sinde ha llegado a absurdos como considerar ilegales links que apuntan a contenidos con derechos de autor (artículos de revistas, periodicos, etc), con la intención de frenar las descargas de contenidos.
Mientras los usuarios de Internet en España comienzan a organizarse, el gobierno español mete presión para tratar de aprobar su ley con todos los mecanismos posibles.
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